Traslado de los restos de Franco: Punto y final a una pugna de meses

-Félix Núñez- Tras un proceso que se ha prolongado durante dieciséis meses, se ha llevado a cabo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, con la connivencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, y han sido depositados finalmente en el Panteón familiar de los Franco en el cementerio de Mingorrubio, no sin manifestaciones franquistas de por medio.

  El pasado jueves 24 de octubre de 2019, tuvo lugar la exhumación de los restos de Francisco Franco (El Ferrol, 1892-Madrid, 1975), Jefe del Estado desde 1939, cuando accedió al poder tras una cruenta guerra civil (1936-1939), originada por un golpe de Estado fallido contra el gobierno de la Segunda República Española, hasta su deceso en 1975. Tras el mismo, y a pesar de que no había expresado nunca su intención de ser enterrado allí, Franco fue inhumado en el Valle de los Caídos, construido con mano de obra de presos (algunos de ellos contratados a empresas a 10’5 pesetas cada uno), convirtiéndose éste en el único lugar de Europa en que se rendía tributo a un dictador en un espacio público, hasta la fecha. El jueves 24 de octubre, sus restos fueron trasladados al Panteón de la familia Franco en el cementerio de Mingorrubio, pueblo-colonia ubicado en El Pardo y creado para alojar a las familias de los guardias de seguridad, militares, etc, que trabajaban en el Palacio de El Pardo, entonces residencia del dictador; donde podrían descansar junto a los de su esposa, Carmen Polo (1900-1989).

  Todo este proceso, que se extendió durante seis horas, es fruto, sin embargo, de una larga odisea jurídica que se extiende dieciséis meses atrás, comenzando el 17 de junio de 2018 cuando Pedro Sánchez anunció la voluntad del Gobierno de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Se trataba de una revalorización de la ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada durante el gobierno de Zapatero, así como del informe de un comité de expertos que, en 2011, recomendaba la exhumación de Franco, y que fue desestimada al entrar en el Gobierno Mariano Rajoy ese mismo año. No obstante, también contaba con otro antecedente en mayo de 2017, cuando fue aprobada en el Congreso una propuesta no de ley para exhumar sus restos, que contó con el voto positivo de UP y Ciudadanos. Fue a partir de la decisión de Pedro Sánchez dos semanas después de su investidura como presidente del Gobierno tras la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, cuando comenzaron las querellas de la familia Franco en su oposición a la decisión del Ejecutivo, en las que la cara más visible fue la del nieto varón de mayor edad de Franco, Francisco “Francis” Franco (que cambió su apellido de Martínez-Bordiú Franco para dar prioridad al de su abuelo materno), apoyada por el abogado de la familia (experto en derecho mercantil y procesal), Luis Felipe Utrera-Molina (hijo de José Utrera-Molina, ministro durante el gobierno de Franco). Tras la aprobación por decreto-ley de la modificación de la Ley de Memoria Histórica el 24 de agosto de 2018 para permitir la exhumación de los restos, la familia Franco informó al Ministerio de Justicia de su deseo de trasladar dichos restos a la catedral de La Almudena (28 de septiembre), a lo que el Gobierno se opuso. Para obtener una mayor legitimidad en el proceso de exhumación, Carmen Calvo viajó en octubre de 2018 a la Ciudad del Vaticano, donde el secretario de Estado de la Santa Sede, entonces Pietro Parolin, declaró que la Iglesia no se opondría. Posteriormente, en diciembre de 2018 el tribunal Supremo denegó la petición de la familia Franco de suspender la exhumación, pero tuvo que retrasar el traslado de los restos hasta que se resolviera el recurso que posteriormente presentó la familia. En marzo de 2019 el Ejecutivo fijó como fecha para la exhumación el 10 de junio, pero la familia volvió a presentar un recurso en abril, que lo retrasó. Finalmente, el 24 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad el recurso de la familia Franco, lo que permitió apoyar la votación a favor de la exhumación en el Congreso de los Diputados, en la que no hubo ningún voto en contra (salvo dos, pero a causa de un error en la votación), y que el Ejecutivo la pusiera en marcha para el día 24 de octubre, jueves. El historiador Santos Juliá, tristemente fallecido el miércoles 23 de octubre, un día antes, se congratuló al enterarse de la decisión del Supremo, y afirmó que lo que había que hacer a continuación era dejar de financiar el mantenimiento del Valle de los Caídos, por la mala calidad de los materiales con los que fue construido, y dejar que la naturaleza se hiciese cargo de sus restos. El mismo día de su fallecimiento, cabe señalar que el Tribunal Supremo rechazó otro recurso contra la exhumación, esta vez interpuesto por Vox. También es conocida la resistencia manifestada por el prior del Valle, Santiago Cantera, que envió una carta a Dolores Delgado, ministra de Justicia, amenazando con obstaculizar el acceso a la basílica, o del magistrado madrileño José Yusty, quien solicitó suspender la exhumación por el posible riesgo a la integridad física de los operarios de la funeraria al abrir la tumba del dictador.

  Por lo que respecta al proceso de la exhumación, comenzó con la llegada al Valle de los Caídos, a las 9:00, de veintidós familiares (nietos y bisnietos) de Franco, que fueron recogidos de sus casas por coches del Gobierno a primera hora de la mañana, llamando especialmente la atención “Francis” Franco, que colgó en la pared exterior de su domicilio una bandera preconstitucional (con el águila de San Juan, emblema heráldico de los Reyes Católicos, al igual que las cinco flechas, el yunque o el nudo gordiano, símbolos que posteriormente fueron adoptados por el régimen), y que se llevó, pese a la prohibición expresa del Gobierno, la bandera con la que fue cubierto el ataúd de Francisco Franco en su inhumación, el 23 de noviembre de 1975, la cual no pudo introducir en el interior de la basílica. Tampoco se les permitió introducir sus teléfonos móviles, pero sí unos cuadernos de notas. Los trabajos de exhumación (que estuvieron cubiertos por 500 informantes de veintidós medios distintos, procedentes de diecisiete países diferentes, aunque la exclusividad de la grabación era de Televisión Española, que proporcionó dicho material al resto de medios: de ahí la acusación al Gobierno de convertir los hechos en un espectáculo mediático en busca de rédito electoral) comenzaron a las 10:30, disponiendo una carpa en torno a la lápida de Franco, a la cual sólo pudieron acceder la ministra de Defensa, Dolores Delgado, en calidad de Notaria Mayor del Reino; Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno, con la quien la familia Franco mantuvo más y más cordiales contactos de cara a la exhumación; Antonio Hidalgo, subsecretario general de la Presidencia del Gobierno; Cristóbal Martínez-Bordiú; María del Mar Martínez-Bordiú; y los operarios de la funeraria. Tras levantar la lápida, el operario que bajó junto al sarcófago, al percatarse de sus deplorables condiciones (el fondo estaba combado y los laterales se resquebrajaban), dio cuenta de ello a los allí presentes, y en ese momento, María del Mar Martínez-Bordiú, se levantó (pues estaba sentada en el suelo tomando notas y consultando un artículo del Reglamento Mortuorio) y dirigió a la ministra varias invectivas, que no recibieron respuesta por parte de esta última. Ante la negativa de los familiares de cambiar el féretro original, se decidió colocar una tabla de madera en la base del mismo, afirmarla con dos amarras naranjas, y cubrirlo todo con una tela de raso marrón, para ocultar los desperfectos. De esta manera, el ataúd, cubierto con un pendón con el escudo familiar, la Cruz Laureada de San Fernando, y una corona de flores con lazos rojigualdos, salió a las 12:54 de la basílica a hombros de ocho de los familiares (no sin antes haber dado el prior Cantera un responso para la ocasión), que lo depositaron en un coche fúnebre al grito de “¡Viva Franco!”. A continuación, el coche llevó el féretro hasta el helicóptero Super Puma del Ejército del Aire, donde fue ubicado. “Francis” Franco y Dolores Delgado subieron en el helicóptero, y no se dirigieron la palabra en los quince minutos que duró el trayecto desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio. Habría que añadir a esto la presencia de grupos de afinidad franquista frente a la entrada del Valle, portando símbolos del régimen. Tal era la expectación, que dos coches, un Lancia y un Volkswagen que pasaban frente a la entrada colisionaron, pues uno de los conductores estaba observando los hechos. Dicha manifestación, junto con la de Mingorrubio, fue amparada por la jueza María del Camino Vázquez Castellanos, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el jueves 24 falló a favor de la Fundación Francisco Franco y de la Asociación Raíces, permitiéndoles hacer acto de presencia, basándose para ello en el artículo 21 de la Constitución Española, sobre el derecho de libre reunión, si bien un informe de la Policía Nacional había advertido de que una manifestación de ese tipo podría conllevar la aparición de personas de tendencias ideológicas opuestas, pudiendo degenerar dicha situación en altercados violentos. 

  La situación en Mingorrubio era particular, con la reunión de un grupo de 300 partidarios de la familia Franco, portando banderas preconstitucionales y entonando cánticos tales como el Cara al Sol, así como rezando oraciones, animados por sacerdotes como el padre David, a pesar de lo cual, no despertaron mucha curiosidad entre los vecinos del pueblo. Sin embrago, la nota más llamativa la aportó la aparición del ex-coronel de la Guardia Civil, y perpetrador del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ovacionado por los manifestantes, quienes, acto seguido, atacaron a periodistas de varios medios. Destacó también la llegada de personas de distintas comunidades autónomas a presenciar los hechos, así como de un sacerdote de Rumanía, Marius Visovan, quien consideraba a Franco un “héroe en la lucha contra el comunismo” (recuérdese la amarga experiencia de la dictadura de Ceausescu en Rumanía, entre 1965 y 1989). Hacia las 14:45 comenzó la homilía (esta vez para reinhumar los restos de Franco, esta vez con la bandera del águila de San Juan con la que fue enterrado en 1975, en el interior del Panteón familiar de Mingorrubio), oficiada por el sacerdote Ramón Tejero (hijo del ex-coronel y golpista), la cual no estuvo exenta de dificultades: como el momento en el que un policía quiso registrar a “Francis” Franco porque detectó la presencia de algún dispositivo que se podría haber estado usando para grabar la ceremonia, a lo cual éste último se negó rotundamente; y cuando un policía requisó el móvil de una de las bisnietas de Franco, con el que realizaba algunas fotos, y que motivó la entrada en escena de “Francis” Franco, de tal manera que el secretario general de la Presidencia, Bolaños, tuvo que intervenir para calmar los ánimos. La ceremonia concluyó hacia las 15:45. En suma, todo el proceso tuvo un coste de 63.000 euros, 38.000 de los cuales se emplearon en el Panteón de los Franco en Mingorrubio (que depende de Patrimonio del Estado y es mantenido por el Gobierno).

  Las reacciones políticas al traslado de los restos han sido diversas: Pedro Sánchez, que el mismo jueves, en un acto fuera de agenda, depositó un ramo de rosas rojas en la sección del muro del cementerio de La Almudena en el que fueron fusiladas Las Trece Rosas en 1939, la ha considerado una victoria de la democracia, que ponía fin a “una afrenta moral”, aunque ha afirmado que esto es sólo el principio, ya que todavía es necesario reparar a las familias de los republicanos enterrados allí, de la misma forma que dar un nuevo significado al conjunto arquitectónico como lugar que represente la reconciliación de ambos bandos tras la guerra civil. Otro punto sería también el de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, rama de la orden benedictina que administra el complejo del Valle de los Caídos, que recibe una subvención anual de 340.000 euros, y sobre la que se llegó a proponer su disolución, aunque sin necesariamente desacralizar el lugar.

  Por otra parte, Pablo Casado no habló explícitamente de la exhumación, pero sí que hizo un guiño al recientemente fallecido historiador Santos Juliá: “lo pasado, pasado está”. A su vez, aunque Albert Rivera también se ha mostrado incómodo sobre la exhumación, sí que lo ha comparado con “una película de Berlanga”(en referencia a Luis García Berlanga, “austrohúngaro” director de cine español, creador de tan memorables filmes como “La vaquilla”, “El verdugo”, “Bienvenido, Mister Marshall”, “La escopeta nacional”, “Patrimonio Nacional” o “Nacional III”) o “una serie de Netflix, pero de las malas”. Asimismo, ha incidido en la coincidencia de que los resultados de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística sobre el tercer trimestre de 2019 se hayan publicado el mismo día de la exhumación, insinuando que podría tratarse de una cortina de humo para ocultar las peores cifras desde la crisis (según la EPA, en este tercer trimestre de 2019, el número de ocupados ha crecido en 69.400 personas, y el empleo ha aumentado en 346.300 personas, los peores resultados desde 2013, en plena crisis económica). Desde Vox ha habido un absoluto rechazo, llamando Santiago Abascal “carroñero de La Moncloa” a Sánchez, animando a “exhumar” al Presidente del Gobierno en funciones de dicho palacio. Por otro lado, aunque desde la izquierda se ha mostrado conformidad con el traslado de los restos de Franco, especialmente desde Más País, la formación de Íñigo Errejón, ha habido cierto recelo desde Podemos, pues Pablo Iglesias ha declarado que, aunque lo considera también una victoria de la democracia, hubiera preferido que se llevase a cabo tras las elecciones del próximo 10 de noviembre, pues se podría interpretar como una maniobra electoral de Sánchez; y que todavía queda por “sacar a Franco” de las instituciones del Estado”.

  Por otra parte, han surgido desde la extrema derecha voces contrarias a la Iglesia católica por su negativa a oponerse a la exhumación de los restos de Franco, ya expresado por el Papa Francisco, y corroborada por la jerarquía eclesiástica española. Esto ha llevado a la aparición de pintadas invectivas contra la Iglesia en la sede de la Nunciatura del Vaticano en España, o en la catedral de La Almudena, que rezan “Osoro, Judas” (en referencia a Carlos Osoro, arzobispo de Madrid), lo cual recuerda mucho a las invectivas lanzadas contra el cardenal Tarancón durante la Transición (“Tarancón al paredón”).

  Finalmente, el Gobierno ha declarado que también es necesario reparar a las familias de los 34.000 republicanos fallecidos en la Guerra Civil y cuyos restos fueron llevados al Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familiares (las familias de los fallecidos en el bando sublevado no aceptaron que los restos de sus familiares fuesen trasladados allí ante la tardanza de las obras). A pesar de que las filtraciones de agua han deshecho algunos féretros y hay restos humanos que son imposibles de identificar, los expertos afirman que sí se podría recuperar un gran número de ellos. Así pues, se trata de una medida que pretende compensar a las familias de los españoles republicanos muertos en la contienda, y que se podría hacer extensiva a muchas de estas personas víctimas de la represión durante la guerra y en la posguerra (no negamos con ella la existencia de represión por parte del bando republicano hacia españoles del bando sublevado, de la cual es un buen reflejo la recientemente publicada obra “Retaguardia roja”, del historiador y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando del Rey Reguillo, centrada en el caso de Ciudad Real). Un ejemplo que se podría mencionar en referencia a estas personas que sufrieron dichas represalias es el de Alonso Pavón Borrero, minero originario del municipio de El Cerro del Andévalo (provincia de Huelva), quien en una salida de caza de caza descubrió a unos fugitivos. A pesar de que no les denunció, dichos proscritos fueron ejecutados y las sospechas cayeron sobre él, de tal manera que fue denunciado en base a un rumor extendido en su localidad. Para detenerlo, la Guardia Civil le ordenó que entregase su arma de caza en el cuartel, y a pesar de cumplir con la orden, el mencionado cuerpo policial negó que la entregara, de tal forma que fue arrestado y sentenciado a morir ante un pelotón de fusilamiento el 15 de agosto de 1937, aunque, al ser aquel el día de la Asunción de la Virgen, por motivos religiosos se decidió posponer su ejecución al día siguiente. Ante su muerte, su padre, José Pavón Sánchez, guardia civil fiel a la República, se negó a vestir su uniforme, por lo que fue arrestado y ejecutado el 13 de noviembre del mismo año. Historias como estas permanecen en la sociedad como un recuerdo indeleble de las atrocidades perpetradas durante la Guerra Civil recíprocamente entre miembros de un bando y de otro, y es compromiso del Estado la reparación de las víctimas y sus familiares. Pues recordemos que en España hay más de 110.000 cadáveres enterrados en fosas comunes, como es el caso del inmortal poeta granadino de la generación del 27, Federico García Lorca, siendo este país el segundo en número de desaparecidos de guerra, sólo superado por Camboya (debido a la sanguinaria huella del régimen de los Jemeres Rojos de Pol Pot en los años 70, y de la guerra previa contra la República de Camboya, que había derrocado al rey títere del gobierno francés, Norodom Sihanouk). Es necesaria pues, la reconciliación, aunque no el olvido, para tratar de superar el cuasi endémico cainismo español que ya denunciaban escritores de la generación del 98, y del que es un fiel reflejo El duelo a garrotazos, de Francisco de Goya y Lucientes. Una imagen que, desgraciadamente, se ha reproducido en España con demasiada frecuencia.

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