Tiempos Difíciles Declaración y Aplicación.

-Antonio Martínez.-

El Parlament de Cataluña aprueba la resolución para declarar la independencia y obliga al Senado a aplicar el 155.

El Estado español vive una de las crisis constitucionales más graves de los últimos 40 años. Ayer, viernes 27 de Octubre, la DUI fue aprobada por el Parlament después de la realización de una votación esperpéntica en la que los diputados independentistas han conseguido la mayoría de los votos a favor del sí, todo ello precedido por un referéndum ilegal, no amparado por la Constitución española realizado el 1 de Octubre.

Ante la posibilidad de que Carles Puigdemont convocara unas elecciones anticipadas que supusieran la marcha atrás del 155, el ya ex president de la Generalitat ha preferido estirar la cuerda hasta el final, en un acto de total irresponsabilidad política que puede incluso acarrearle una condena seria tras la querella que plantea imponer el lunes la Fiscalía.

El Senado ha dado luz verde 45 minutos después de la declaración unilateral de independencia a la aplicación de las medidas extraordinarias acordadas por los principales partidos exceptuando a Podemos, que sigue estando en tierra de nadie. El partido de Pablo Iglesias sigue en su empeño de proponer un referéndum legal y pactado, una medida con la que se pondría fin a este problema no solo político sino social también pero una medida impracticable a día de hoy ante la gravedad del asunto y la búsqueda de una solución inminente y contundente como la que ofrece el 155.

La negativa del Gobierno central al diálogo con la Generalitat con el objetivo de buscar una solución que supusiera la realización de un referéndum legal no es nueva, si no que viene dada desde años atrás y ha supuesto el boom de la situación. El Gobierno incompetente de Rajoy se ha enfrentado al problema de resolver el atolladero que causó, con la ayuda de los que han querido saltarse la ley a la torera.

La puesta en marcha del artículo ha supuesto el cese del Govern así como el del director de los Mossos d´Esquadra, la disolución del Parlament, la extinción de las embajadas de Cataluña en el exterior (exceptuando la de Bruselas) y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de Diciembre. Con estas medidas el Gobierno español busca restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y preservar los derechos de todos los catalanes.

Es hora de confusión y dudas, de ver como se llevan a cabo las medidas impuestas y de cómo avanza todo el proceso que afecta a toda la ciudadanía.

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