Nuevos Casos Reabren El Debate Por Los Límites De La Lucha Antiterrorista

—Máximo Simancas—

Este 16 de febrero, un juez federal de Estados Unidos ordenó a la empresa Apple que le proporcionara los datos internos del teléfono perteneciente a Syed Farook, uno de los responsables de los tiroteos de San Bernardino, algo para lo que la empresa tendrá que diseñar un nuevo software que, de fabricarse, tendría la capacidad de introducirse en el iPhone de cualquier persona. Ese mismo día, el secretario del Estado John Kerry se reunía con directivos pertenecientes a estudios de Hollywood como Walt Disney Corporation o Dreamworks Animation para discutir cómo contrarrestar la propaganda del Estado Islámico que llevó a estos tiradores a cometer la masacre. Ambos acontecimientos son relevantes para evaluar el interés que está suscitando últimamente la lucha contra el terrorismo frente a la defensa de la privacidad y la libertad de expresión en los medios de comunicación, entre los que destacan las redes sociales por su novedad.

La capacidad que tiene la propaganda del Estado Islámico de radicalizar a los jóvenes haciendo uso de los medios que el mundo moderno ofrece ha sorprendido a expertos de todo el mundo, que siguen buscando una explicación. Estudiosos del tema como Javier Lesaca han señalado que esta eficacia reside en la capacidad que tiene para comportarse como un Estado y en lo bien promocionado que está el nivel de vida bajo su mandato, a través de, por ejemplo, la difusión de noticias sobre las ayudas sociales que proporciona. Esto hace que sus reclamos sean universales, por lo que cualquier persona es susceptible de acabar formando parte de este grupo terrorista. Los responsables de la realización de esta propaganda lo saben perfectamente, ya que han comenzado a imitar las técnicas comunicativas del cine y los videojuegos, así como a aprovechar la viralidad que proporciona Internet.

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Este frente virtual en la denominada “guerra contra el terror”, para el que no existen antecedentes válidos, ha hecho que muchas personalidades destacadas aboguen por una mayor vigilancia sobre los medios electrónicos. Por ejemplo, el candidato presidencial estadounidense Donald Trump ha expresado su conformidad con la orden del juez, y ha dejado claro que la seguridad es lo más importante para él. Liu Jieyi, representante del gobierno chino en Naciones Unidas, también ha señalado que se debe prestar atención a los terroristas que utilizan las redes sociales.

Es innegable que hay muchos partidarios de primar esta seguridad sobre otras consideraciones como la libertad de expresión, pero también han surgido voces discordantes. Por ejemplo, en el caso de España, nos hemos encontrado recientemente con una reacción adversa a la detención de unos titiriteros por supuesta justificación de la violencia terrorista, que se ha interpretado como un ataque político. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, los defensores de estas posturas sostienen que la complicidad entre las grandes empresas como Google y los gobiernos occidentales en la lucha contra el terrorismo oculta un interés por controlar la información privada de sus ciudadanos, y que esta vigilancia excesiva vulnera algunos derechos de los usuarios de Internet. A este respecto, cabe destacar el caso de Isis, una mujer que perdió temporalmente su cuenta en Facebook por la semejanza de su nombre con el del autodenominado Estado Islámico. Aunque este caso pueda parecer anecdótico, resulta fácil que se repita en otras personas.

Existen argumentos a favor de ambas posturas y, aunque este debate termine por pasar a la irrelevancia durante un período de tiempo si desciende la intensidad del terrorismo, forma parte esencial de la discusión política en las sociedades democráticas. ¿Deberíamos controlar lo que podemos decir para combatir el terrorismo eficazmente? ¿Debe hacer una sociedad todo lo necesario para acabar con los elementos que la amenazan o se estará amenazando a sí misma al limitar sus libertades? No hay una respuesta segura, pero se deben conocer las consecuencias de cada postura y los intereses que hay detrás para poder actuar al respecto.

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