Juicio al procés

-Pablo Muñoz Campaña- El Tribunal Supremo juzga a los nueve miembros del Govern de Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los Jordis por el 1-O y la DUI. Los doce acusados, que comenzaron a declarar la semana pasada, se enfrentan a acusaciones realizadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, y son: rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.

El juicio más mediático en la historia de España ha levantado tanta expectación que han sido acreditados más de seiscientos periodistas de 170 medios nacionales e internacionales. El proceso comenzó el martes 12 de febrero con los abogados defensores lanzando argumentos tanto políticos como jurídicos. Al día siguiente, la Fiscalía contraatacaba concluyendo en que no se trata de un juicio contra ideas políticas, sino en “defensa de la democracia española”. El jueves 14 comenzaron las declaraciones de los acusados.

Oriol Junqueras -exvicepresidente del Govern-, al que la acusación le pide 25 años de prisión, declaró que se considera un preso político y que no responderá a las acusaciones, alegando que “absolutamente nada de lo que hemos hecho es delito, y de los delitos de que se nos acusan no hemos cometido ninguno”.

Joaquim Forn añadía en su declaración que “el referéndum no fue válido porque incumplió la ley del Parlament”. El resto de acusados se han limitado a decir que no se ha tocado “ni un euro” de las arcas públicas para el referéndum al cual consideran ilegal. También han reiterado que la fuerza empleada por los cuerpos de seguridad contra ciudadanos pacíficos en el 1-O fue excesiva.

Muchos fueron los escandalizados -y otros muchos se alegraron- al ver las acusaciones. De estas, la más polémica es la acusación de rebelión. Según la ley, debe existir violencia para ser considerado como delito de rebelión. Por tanto, aunque todos vimos que no hubo uso de armas, la ley no exige que la violencia sea armada. Es por ello lo que la acusación ha considerado la posibilidad de una rebelión violenta sin armas. Aunque los independentistas afirman en todo momento que los manifestantes optaron por la vía pacífica, se les replica con que “existen indicios suficientes de que existieron actos de violencia al menos el 20 de septiembre (para impedir la incautación de urnas y de otro material electoral) y 1 de octubre (impedían la acción policial ordenada a evitar la celebración del referéndum…)”.

La independencia sin violencia no sería delito según los independentistas y la acusación asegura la existencia de esta. Sin embargo, tanto el el referéndum como la DUI quedaron invalidados por el Tribunal Constitucional. Al desobedecer dicha resolución, entra en escena del delito de desobediencia. Los independentistas se defienden que “la declaración unilateral de independencia es el preámbulo de una resolución que no se llegó a votar (…) no desplegaba efecto alguno, no se publicó en el diario oficial de la generalitat de Cataluña”. La acusación, en cambio, manifiesta que “no era meramente simbólica (…) tenían preparado un paquete de normas que desarrollaban el marco jurídico de la república”.

La Abogacía General del Estado sostiene la evidencia del delito de malversación a la hora de preparar el referéndum al burlar el control estatal de las cuentas de la Generalitat y asevera: “se gastaron 900.906 euros en el uso de 2.259 locales públicos habilitados como puntos de votación; se pagó 110.263 euros en publicidad institucional; en la campaña de registro de residentes en el extranjero se emplearon 266.496 euros; en suministro de papeletas, censo electoral y citaciones se presupuestaron 979.661 euros y en la cartelería del referéndum, 38.431 euros. En el pago de observadores internacionales se gastaron 272.000 euros”. La defensa se resguarda en el “certificado de la intervención general de la Generalitat de Cataluña de 31 de enero de 2018”, que acredita la no utilización de fondos públicos para la organización del referéndum.

Deja un comentario