BREXIT: REALIDAD CONSUMADA…¿O NO?

-Félix Núñez- Tras más de dos años de negociación, finalmente el viernes 31 de enero de 2020 concluyó el plazo para la negociación y aprobación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y a las 00:00 del 1 de febrero ésta se hizo efectiva. Se abre ahora un proceso de negociación de 11 meses para definir los aspectos concretos de las futuras relaciones económicas entre este país y “los (ahora sí) Veintisiete”.

  Los numerosos temores, frutos de la incertidumbre iniciada en 2016 con el referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea, entre la mayoría de los 751 diputados del Parlamento Europeo, se hicieron realidad el pasado miércoles 29 de enero, cuando la votación en la Eurocámara acerca de la retirada del Reino Unido del grupo de “los Veintiocho” (ahora “los Veintisiete”) la aceptó con 621 votos a favor, 49 votos en contra y 13 abstenciones. La tristeza era palpable en el ambiente de la sala, manifestándose en el conjunto de los eurodiputados cogidos de las manos y entonando la canción escocesa Auld Lang Syne, la “canción de la despedida”, así como en las afectivas intervenciones previas a la votación final, en las que predominaba la pesadumbre por la ruptura de una relación que, con sus momentos álgidos y difíciles, prevaleció durante 47 años, desde el 1 de enero de 1973. Este pesar general no fue compartido, sin embargo, por formaciones euroescépticas presentes en la cámara, como el partido UKIP (United Kingdom Independence Party, “Partido de la Independencia del Reino Unido”), liderado por Nigel Farage. De esta forma, tuvieron que retirarse los 73 diputados británicos de la Eurocámara, aunque sólo ha supuesto una pérdida de 46 escaños (de 751 a 705), ya que los 27 restantes ha sido redistribuidos.Además, ha sido retirada la bandera de Reino Unido (la “Union Jack”) de la sede del Consejo Europeo en Bruselas, de la misma forma que ha sido retirada la bandera de la Unión Europea de diversas instituciones británicas, entre ellas la sede del gobierno de Gibraltar, acto presidido por el Primer Ministro gibraltareño, Fabián Picardo, que también dirigió la retirada de la bandera con tristeza.

  No obstante, no se han producido cambios más significativos, salvo el cierre de los caladeros de peces de la isla de Guernsey a los barcos de pesca franceses. Ello se debe a que la separación, efectiva desde la medianoche del 31 de enero al 1 de febrero de este año es fundamentalmente política. Existe un plazo de once meses para formalizar la separación económica, más meticulosa y concreta, hasta el 31 de diciembre de 2020, existiendo la posibilidad de una prórroga de dos años a petición del premier británico, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo como fecha límite para presentar dicha solicitud el mes de junio de 2020. Durante dichos once meses, tendrán lugar las reuniones en las que los equipos negociadores de Reino Unido (liderado por David Frost) y la Unión Europea (encabezado por Michel Barnier) estudiarán y formalizarán las futuras relaciones que deberán existir entre el grupo de “los Veintisiete” y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La salida de éste último supone la reducción en un 13% de la población de la Unión Europea, pasando de 512 millones de habitantes a 446 millones de habitantes; y una reducción en cerca de un 16% de su Producto Interior Bruto, ya que el peso del Reino Unido en el PIB comunitario era de 2’7 millones de dólares, según las estimaciones de 2019. Sin embargo, la economía europea es seis veces superior a la británica, y la Unión Europea es la receptora del 45% de las exportaciones totales británicas, así como la beneficiaria del 53% de las importaciones del país anglosajón. Para algunos supone un alivio esta retirada del ya ex-socio europeo, debido a las trabas que tradicionalmente puso el Reino Unido a políticas comunitarias de armonización fiscal y gasto social, si bien mostrándose favorable a la creación de un mercado común, aunque con reglas más próximas al liberalismo dirigido desde las oficinas financieras de la City londinense y siendo reacios a una mayor integración política, de tal manera que dificultaron de forma considerable la firma del Tratado de Maastricht en 1992. Y es que desde el primer momento de la entrada del Reino Unido ya existieron inconvenientes, pues tan sólo dos años después de este hecho, se celebró un referéndum sobre la permanencia en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, en 1975, durante el segundo mandato de laborista Harold Wilson, que dio unos resultados, aunque muy ajustados, favorables a dicha permanencia. Además, Margaret Thatcher, que apoyó la entrada de su país en la Comunidad Económica Europea, así como la creación de un mercado común y la apertura comunitaria a países de Europa oriental, cambió su postura al convertirse en la Primera Ministra, durante cuyo mandato los pasos hacia una mayor integración política promovida desde Europa, sobre todo siendo presidente de la Comisión el francés Jacques Delors, llevaron a la estadista a cerrar filas frente al resto de socios en el club europeo, comportamiento ilustrado por su famoso “I want my money back” (“¡Quiero que me devuelvan mi dinero!”). Resulta, pues, curioso el hecho de que tras cuarenta años se haya modificado el espectro político británico de tal manera que los laboristas, reacios inicialmente a la entrada de Reino Unido en la Comunidad Económica Europea (pues veían en ella una máquina de integración económica capitalista), hayan sido ahora identificados con la permanencia en la Unión Europea; mientras que los conservadores (Thatcher entre ellos), favorables en un principio a la entrada en el entonces “Grupo de los Seis”, resulten ser ahora partidarios del Brexit (término acuñado por Peter Wilding hace ocho años), aunque no sin disensiones internas, que concluyeron con el triunfo de los euroescépticos más extremistas de Boris Johnson (ratificado tras las elecciones del pasado 12 de diciembre de 2019) frente a los menos convencidos de David Cameron primero y Theresa May después.

  Toda esta tensión acumulada durante cuatro décadas terminó estallando en junio de 2016, cuando el entonces Primer Ministro David Cameron convocó un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, contando con que obtendría una victoria que le permitiría superar la mencionada crisis interna entre los tories (conservadores) y las tendencias eurófobas de ciertos sectores de la política británica, como el partido UKIP de Farage. Sin embargo, el resultado fue completamente inesperado, dando la victoria al Leave (abandonar el club europeo) frente al Remain (permanecer en él) por un estrecho margen (52% frente al 48% de los votos, aproximadamente). Ello motivó la dimisión de Cameron y su sustitución por la también conservadora Theresa May como residente en el número de 10 de Downing Street (Londres), la cual, con una posición más dialógica con Bruselas sobre el Brexit, incluso contemporizadora (tratando de retrasarlo), no hizo sino ahondar las disensiones internas en el Partido Conservador, que condujo en última instancia al impulso del ala “dura” de la formación política, con Boris Johnson al frente. Esto condujo a que, tras tres votaciones fallidas sobre el proyecto del Brexit, May se viera obligada a dimitir como Primera Ministra del Reino Unido, siendo reemplazada por Johnson, ratificado en su cargo por su aplastante victoria en las elecciones del 12 de diciembre, en las que obtuvo 365 escaños de los 650 de la House of Commons (“Cámara de los Comunes”, cámara baja del Parlamento británico). Fue precisamente la imagen de un Johnson con unas ideas aparentemente claras en cuanto al Brexit (aunque poco desarrolladas y muy difusas en su programa político) frente a un Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, con un programa ambiguo sobre la cuestión europea, además del uso de la herramienta de las redes sociales como principal elemento comunicativo de mensajes políticos, aunque incurriendo en la tentación de la fake news y la “posverdad”, lo que provocó la victoria conservadora en los comicios, incluso en distritos electorales tradicionalmente laboristas (la conocida como “red wall” o “muralla roja”, que se extiende por el norte y centro de Inglaterra, tradicionales regiones mineras), como el noreste de Inglaterra, donde la población empobrecida por la desaparición de las industrias del carbón, el hierro y el acero (allí el PIB per cápita es la mitad de la media del Reino Unido) se siente abandonada por el Partido Laborista y dieron su confianza al Partido Conservador en busca de cambios efectivos. A ello se suma el hecho de que ha triunfado una visión más nostálgica de los tiempos de grandeza imperial de la isla por parte de los más ancianos, que no coincide con el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea de la población más joven.

  Por otra parte, si bien es cierto que conocer las causas del fenómeno ayuda a la comprensión del mismo, resulta más imperioso conocer las consecuencias que puedan surgir como resultado de aquel. En este sentido, dentro del Reino Unido, resulta preocupante la posibilidad de que en Escocia se convoque un referéndum a favor de la independencia, con el objetivo de permanecer en la Unión Europea como estado independiente del Reino Unido. A este respecto, la Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que presionará a Boris Johnson para que pueda celebrarse dicho plebiscito, aunque ha añadido que se realizará dentro de los márgenes de la legalidad. Otro factor importante es la situación de Irlanda del Norte, que podría aprovechar el Brexit como un trampolín para adherirse a Irlanda, sobre todo teniendo en cuenta el posible establecimiento de una frontera comercial, económica y aduanera en el mar de Irlanda entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña como consecuencia de la permanencia de Irlanda del Norte en el mercado común europeo. Mas las preocupaciones no concluyen ahí, puesto que surgen dudas sobre una mayor proximidad del Reino Unido hacia Estados Unidos que hacia Europa, sobre su relación con China, o sobre la posibilidad de que se desentienda de los marcos normativos del comercio y las finanzas europeas y constituya una especie de Singapur al otro lado del canal de la Mancha, con una reducción impositiva que lo convierta prácticamente en un paraíso fiscal y, por tanto, en un competidor desleal con respecto a Europa. Asimismo, preocupa la situación de los ciudadanos europeos residentes en la isla (unos tres millones, aproximadamente), a los cuales, aunque se les ha asegurado que no experimentarán consecuencias inmediatas, sí que el Ministerio de Interior (“Home Office”) les ha comunicado que tienen hasta junio de 2021 para formalizar definitivamente su situación de residentes. Ello supone un problema para aquellas personas que cuentan con menos de cinco de años de residencia en Reino Unido, ya que se encuentran en el llamado pre-settled status (“situación de pre-establecido”, distinta del settled status o “situación de establecido”, por la que no ven alterada su condición de residentes con el Brexit), según el cual tienen cinco años más de residencia, al término de los cuales, si no han presentado la concerniente documentación formal para cambiar al settled status, tendrán que abandonar el Reino Unido.

  Por otra parte, en mayo se iniciará una Conferencia en la Unión Europea, que durará hasta 2022, y pretende mejorar la imagen de los Veintisiete frente a la población de cada estado miembro. Además, a pesar de que el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hayan mostrado esperanzados sobre las futuras posibilidades de la Unión Europea, el Presidente de la Quinta República Francesa, Emmanuel Macron, ha resultado ser más alarmista y ha señalado que la salida del Reino Unido es preocupante y que el error ha sido la falta de cercanía hacia la población por parte de las instituciones europeas, siendo necesario un cambio.

  A su vez, por lo que concierne a la situación con España, el jueves se reunieron Pedro Sánchez y Michel Barnier (director del equipo negociador de la Unión Europea) en Madrid, y recalcaron que los principales puntos sobre los que iban a orientarse las negociaciones entre el Reino Unido y España eran fundamentalmente acuerdos de defensa, pesca (por la presencia de barcos españoles en caladeros británicos), finanzas (por los intereses de muchos bancos españoles en la City de Londres), comercio de productos alimenticios, y por supuesto, Gibraltar. A pesar de que las relaciones entre La Línea de la Concepción y el peñón seguirán siendo iguales que hasta ahora (nunca se llegó a aplicar allí el espacio Schengen), sin afectar, por tanto, a los 15.000 trabajadores transfronterizos gibraltareños y españoles, Sánchez ha advertido que, si se extienden los mecanismos de una separación económica más estricta entre Londres y Bruselas a Gibraltar, España podría intervenir para anularnos en esa zona. También será motivo de negociación la situación de los 370.000 británicos residentes en suelo español, la mayoría jubilados, que de momento no se verán afectados.   Así pues, y como conclusión, cabe destacar que el Brexit no es ni será una ruptura brusca, sino que exigirá una praxis más moderada y concienzuda para evitar errores con graves consecuencias a largo plazo. Es por ello que no podemos hablar de un hecho consumado, sino consumando, “que va a ser consumado”. Habrá que esperar.

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