Bolivia entra en ebullición: Exilio de Morales en México

El pasado domingo 10 de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia como presidente de Bolivia, tras las denuncias de presunto fraude electoral en los comicios de octubre, y obtiene asilo en México. La senadora opositora Jeanine Áñez se hace con el poder y pretende convocar nuevas elecciones, aunque sin especificar fecha.

 -Félix Núñez- La situación se ha complicado para el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales (primer presidente indígena en la Historia del país), tras las elecciones del 20 de octubre, con las que pretendía obtener su cuarto mandato como Jefe del Estado, cargo que obtuvo en diciembre de 2005, tras el mandato del ahora opositor por el partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa (2003-2005). Si bien la población ya se había mostrado reticente a su reelección en un referéndum celebrado en 2016, en el que el 51’3% de los votos corroboraba la negativa del pueblo boliviano a su continuación en el cargo, Evo Morales, con la connivencia del Tribunal Constitucional, decidió presentarse a una reelección, lo cual resultaba incongruente con el artículo 168 de la Constitución de Bolivia de 2009, que restringe este tipo de prolongación y concatenación de mandatos. A dicha controversia, se ha sumado la de las elecciones del 20 de octubre de este año. Según la Constitución de Bolivia, se necesita, para ganar las elecciones presidenciales, la mayoría absoluta del Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional, o bien un 40% de los votos, habiendo una diferencia mínima de 10 puntos con respecto al resto de partidos políticos. Cuando se había llegado al 80% del escrutinio, momento en el que el partido en el Gobierno, el MAS (Movimiento al Socialismo), contaba con un 45% de los votos, frente a la siguiente fuerza política, CC (Comunidad Cristiana), con un 37%, el Tribunal Supremo Electoral interrumpió el escrutinio electrónico durante 24 horas, tras las cuales los resultados daban un ventaja la MAS sobre el anterior partido de más de diez puntos. Tras conocerse, el secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Luis Almagro, anunció que se realizaría una auditoría sobre las elecciones por posible fraude electoral, como así afirmó en su informe, presentado el domingo 10 de noviembre. De hecho, la Fiscalía General inició a su vez una investigación al respecto, que provocó la dimisión de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque Quispe. Además, surgieron numerosas protestas ciudadanas, con graves disturbios en ciudades como Cochabamba o Santa Cruz, que se saldaron con tres muertos y cientos de heridos. Los tumultos han continuado hasta la actualidad, alcanzando la cifra de 18 muertos. Muchas de estas protestas fueron alentadas por la Policía, que durante estas más de tres semanas se ha mostrado totalmente opuesta al gobierno de Morales, a raíz de la postergación de este cuerpo de seguridad por parte del Ejecutivo del MAS frente al Ejército, que recibió numerosas prebendas y privilegios, así como puestos en la Administración del Estado. De gran importancia para las manifestaciones en oposición al gobierno fueron los llamados “comités cívicos”, asociaciones empresariales y vecinales locales, dirigidas por personas como Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz (precisamente esta ciudad ha sido el principal núcleo de oposición al Gobierno del MAS), o Marco Pumari, líder del Comité Cívico de Potosí (importante ciudad minera, cuya actividad de extracción mineral se remonta a hace más de cuatrocientos años, bajo el dominio colonial español). La polémica acompaña a ambos líderes: el primero suma a la protesta antigubernamental un componente religioso basado en sus profundas creencias católicas, llegando a orar en público y protestar con un ejemplar de la Biblia en la mano; y el segundo, manifestándose contra un gobierno a favor de la inclusión de los indígenas, siendo él uno de ellos.

  Sin embargo, ha sido el Ejército, y más concretamente su máximo comandante, el general Williams Kaliman Romero, el que ha dado el golpe de gracia a Evo Morales. A pesar de las aparentes buenas relaciones entre el Ejército y el Ejecutivo desde que Morales llegó al poder, las intenciones por parte de éste último de transmitir una ideología de izquierdas a las Fuerzas Armadas, así como la condena a penas de entre diez y quince años a oficiales de alto rango que dirigieron la represión de las protestas de 2003 (la “Guerra del Gas”, debido a la polémica surgida por la exportación de gas natural a Chile, país tradicionalmente antagónico a Bolivia), ha llevado al Ejército a no adscribirse del todo al proceso de cambio de la última década propiciados por el MAS. Tal es así, que el propio Williams Kaliman pidió la renuncia del presidente mediante un mensaje televisado el domingo 10 de noviembre. Ese mismo día, tras conocer el informe de la auditoría de la OEA, Evo Morales anunció que convocaría nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral nuevo. Sin embargo, la petición del comandante del Ejército le llevó a presentar su renuncia, tras lo cual se refugió en la región cocalera de Chapare (donde comenzó su carrera sindical en los años ochenta, que le acabaría lanzando a la política), en el distrito de Cochabamba, temiendo su persecución (su casa en Cochabamba fue incendiada, al igual que la del ministro de Minería, César Navarro, en Potosí), como le sucedió también al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cuyo hermano fue retenido por manifestantes. Le siguió la renuncia del resto de altos cargos del Ejecutivo y del Legislativo, como Álvaro García Linera, vicepresidente, Gabriela Montaño, ministra de Salud, y Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, entre otros. No obstante, la intervención inesperada de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y de su canciller, Marcelo Ebrard, concediendo la posibilidad de asilo en su país a Morales, le permitió a éste último, así como a Linera y Montaño, aterrizar el martes en el país norteamericano (tras un periplo aéreo en el que tuvieron que repostar combustible en Asunción, volar sobre la frontera entre Brasil y Bolivia, y sobre Ecuador, ante la negativa a atravesar el espacio aéreo de Bolivia y Perú por parte de los respectivos países). Desde allí, Evo Morales lanzó el mensaje de que volvería a Bolivia, y a la política, pero no como candidato a las elecciones.

  Por otra parte, el pasado martes por la noche, y tras la dimisión de todos los altos cargos ejecutivos y legislativos superiores al suyo, asumió el cargo de presidenta interina la vicepresidenta segunda del Senado (cargo reservado a la oposición) Jeanine Áñez, expresentadora de televisión y miembro del Movimiento Demócrata Social, quien cambió la sede presidencial de la Casa Grande del Pueblo (creada con Morales) al Palacio del Gobierno, donde entró provista de una Biblia y afirmando que Dios había vuelto a Bolivia. En un tono igualmente extremo se ha mostrado el nuevo ministro del Gobierno, Arturo Murillo, quien ha afirmado que tratará de “cazar” al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. Sin embargo, el nombramiento de la senadora (realizado el martes), no ha sido respaldado por una votación efectiva del Senado, puesto que el MAS, que contaba con dos terceras partes del mismo, no se presentó a la votación. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional falló en favor de Áñez, asegurando que no era necesaria una votación parlamentaria para investir a un nuevo presidente (en virtud del “principio de continuidad” recogido en la Constitución, según el cual no debe quedar vacante el cargo de la presidencia), si bien se requiere una reunión del Parlamento para deliberar la nueva situación de la presidencia. Áñez ha afirmado que su gobierno es provisional, y que su objetivo es el establecimiento de la paz y la transición constitucional y democrática a un nuevo gobierno, a través de nuevas elecciones, de las que no ha fijado fecha todavía, pero que deberían celebrarse antes del 22 de enero, cuando comienza la nueva legislatura. Otro desafío al que se enfrenta es que el MAS designó el jueves a una nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Eva Copa, decisión que Áñez ha sostenido que impugnará.   Por lo que respecta a la comunidad internacional, la OEA celebró una reunión el lunes en referencia a la situación de Bolivia, adoptando una posición ambigua. El Parlamento Europeo también llevó a debate el asunto de Bolivia, con una sesión que llevaba por nombre “Situación en Bolivia”, y que el grupo Izquierda Unitaria solicitó que se cambiara por “Tras el golpe de Estado”. La controversia se resolvió con 234 votos a favor de mantener el nombre original, 41 en contra y 88 abstenciones. Asimismo, Venezuela, México y Argentina (por parte del candidato electo peronista Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, ya que Mauricio Macri no se ha pronunciado al respecto) tildaron de “golpe de Estado” lo que estaba sucediendo en Bolivia; Perú se mostró más neutral al respecto, al igual que España, desde donde el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, mostró su preocupación por el giro violento de las circunstancias; Cuba retiró a más 700 profesionales de Bolivia, principalmente médicos; mientras que Guatemala, Colombia, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos reconocieron al nuevo gobierno de Bolivia, siendo Donald Trump especialmente contundente, y señalando que lo que sucedía en Bolivia debía servir como aviso a los ejecutivos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua. Cabe destacar en este sentido los intereses de EEUU contrarios a Morales, debido a los hidrocarburos disponibles en el país, así como a la expulsión de la DEA (Agencia estadounidense para el Control de las Drogas) en 2008 de Bolivia, por acusaciones de asesinatos y extorsiones contra la población. A raíz de ello, se llevó a cabo una campaña gubernamental de lucha contra la producción de cocaína, que llevó en 2010 a la reducción, en un 30%, de los cultivos de hojas de coca. A raíz de ello, el gobierno estadounidense, a través de la DEA, trató de hallar relaciones entre Morales y el negocio del narcotráfico entre Bolivia y Colombia para desacreditarlo, en una operación secreta llevada a cabo en 2015, conocida como “Operación Rey Desnudo”. Queda por ver pues, cómo evolucionará la situación en Colombia en las próximas semanas: si Áñez logrará o no apaciguar las protestas, de una violencia creciente, y convocar elecciones.    

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